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Alerta en penales de Nuevo León

Para el director del observatorio de penales Renace, Martín Sánchez Bocanegra, urge la transformación en el esquema penitenciario de Nuevo León y superar las carencias que ahora enfrenta este sistema, ante los focos rojos que se observan y que se traducen en inconformidades y pleitos entre los internos desde hace más de dos años.

A mediados de febrero de 2018, al menos 200 presos llevaron a cabo una manifestación en diferentes penales de la entidad en forma simultánea, particularmente en Topo Chico, Cadereyta y Apodaca.

En febrero de 2016, una riña entre dos grupos rivales en el penal de Topo Chico dejó como saldo 49 muertos y al menos 12 heridos. El 11 de octubre la violencia se desató en la cárcel de Cadereyta, en donde fallecieron 16 internos y otros 26 quedaron heridos. Según el reporte de las autoridades estatales, el origen de esos hechos fue un enfrentamiento entre bandas rivales en el interior del penal.

De 2016, a la fecha, hay una lista de 67 reos muertos a consecuencia de la violencia en las cárceles de Nuevo León.

En entrevista con Punto Rojo, Martín Sánchez señala que es urgente dar respuesta a la inconformidad a través de un plan de trabajo establecido, en el que se definan con claridad las metas medibles y no sólo se actúe de manera reactiva ante los hechos violentos.

“A las autoridades que se queden de manera definitiva, yo les invito a hacer un plan o programa de trabajo a corto, mediano y largo plazos, con metas que puedan ser medibles, que puedan ser observadas, que podamos ver en cierto tiempo que el problema estará resuelto.

“Por lo pronto sólo son soluciones momentáneas, reactivas, de muy bajo nivel, que tratan de poner una solución y destapan tres o cuatro cosas más, y crea más conflictos a la sociedad”, puntualiza  el director de Renace, organización de la sociedad civil que busca mejorar la justicia penal en México por medio de acciones en favor de la reinserción social y la seguridad pública.

“Por lo pronto sólo son soluciones momentáneas, reactivas, de muy bajo nivel, que tratan de poner una solución y destapan tres o cuatro cosas más, y crea más conflictos a la sociedad” Foto: Victor Hugo Valdívia.

Por segunda ocasión en el año, el 23 de febrero se encendió la alerta en dos de los tres penales de Nuevo León. Alrededor de 200 reos, hombres y mujeres, internados en los penales Topo Chico, Monterrey y Apodaca, llevaron a cabo actos de protesta por el trato que reciben por parte de las autoridades penitenciarias. Con mantas colgadas desde las azoteas de los edificios, exigieron la destitución de los encargados de la seguridad.

En la protesta, los internos rechazaron al director del penal de Topo Chico, Jorge Salomé Bissuet Galarza; a la comisaria general de la Agencia de Administración Penitenciaria, Rosa Manuela Félix Valles, y al subdirector operativo, Genaro Arturo Sánchez Vázquez.

“No keremoz al korrupto del teniente Genaro Sánchez y Rosa Félix y Bisuet jefes de la Seguridad del Penal, ya que han estado apoyando al CDN (Cártel del Noroeste) a entrar a kerer controlar el penal. No keremos cuotas ni ningún cártel (sic)”, manifestaron los protestantes en mantas colocadas desde las azoteas.

Ese mismo día, el Secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo González, declaró a los medios que se controló la situación y se conversó con los manifestantes, quienes expresaron algunas otras demandas.

El 27 de ese mismo mes, el gobernador en funciones, Manuel González, anunció la dimisión de Rosa Manuela Félix Valles, y en su lugar se nombró de manera tentativa a Sergio Humberto Román Robles. Genaro Arturo Sánchez Vázquez fue destituido y Sergio Javier Ramírez Meléndez tomó el puesto de encargado de la oficina de la subdirección operativa.

Los actos violentos en los centros penitenciarios de Nuevo León han sido la constante en los últimos años, y se han recrudecido en la actual administración, debido a la disputa que mantienen los grupos de la delincuencia que operan en el interior, con el objetivo de controlar toda las actividades. Tan sólo el 13 de enero de este año fueron asesinados dos internos en el penal de Topo Chico.

“Es necesario que se encuentre un equipo que dé mejores resultados; que tenga un plan para resolver la crisis en el sistema penitenciario de Nuevo León”, estima Martín Sánchez.

El abogado considera que la principal falla de ese sistema es la deficiente infraestructura que impide poder responder a la población interna, “que sería lo más importante. Lo segundo es el personal; no tienen el personal suficientemente preparado para que pueda atender el número de internos y las necesidades que tiene esta población”.

El principal objetivo de los reclusorios es la reinserción social, y es el factor que el Estado deja en último término, asegura el especialista. Agrega que, además, se desestiman las consecuencias que esto provoca a la sociedad.

“No saben el impacto que tiene en la sociedad cuando no se tiene una adecuado sistema penitenciario y de reinserción social” Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro.

Para el director de Renace lo que falta es “voluntad política, porque sí hay que meterle dinero, pero esto tiene que ver con la importancia que le den a la problemática penitenciaria. Si no se le da una atención adecuada y no se tiene voluntad política para ponerlo en la agenda como punto relevante que se tiene que resolver y atender permanentemente, esto nunca va a salir adelante”.

En su opinión, las autoridades están rebasadas, “sea por desprecio o desconocimiento total de la problemática, y porque no saben el impacto que tiene en la sociedad cuando no se tiene una adecuado sistema penitenciario y de reinserción social”.

Quienes queden al frente de los penales de manera definitiva, deberán ser personas calificadas que integren un equipo experimentado, exige Martín Sánchez.

Periodista desde hace 20 años. Ha trabajado en distintos medios escribiendo sobre política, inseguridad y sociedad, desde Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Síguela en @MelvaFrutosA