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Democracia, leyes especiales y política pactista

E

l prólogo del proceso electoral del 2018 está escrito en medio de dos malos augurios. Ambos tienen como corolario la extinción de la apenas incipiente democracia mexicana. La propuesta Ley de Seguridad Interior y las formas previas a la elección de candidatos por los partidos políticos, semejan más a los mecanismos de organización institucional de un Estado totalitario, que a los establecidos por los estados democráticos para garantizar el ejercicio del poder a los ciudadanos.

Llegar a formas totalitarias de gobierno por vías democráticas es posible. Tanto la Ley de Seguridad Interior como la degeneración de los fines de la política moderna por los mismos encargados de hacer política, alejan a los ciudadanos del control del Estado.

Una ley como la propuesta Ley de Seguridad Interior, no tiene sentido en ningún país democrático del mundo. Me refiero específicamente a los países socios comerciales de México organizados en la OCDE, con los cuales nuestros gobernantes suelen compararse.

Militares en Acapulco, Guerrero. Foto: Bernardino Hernández/Cuartoscuro

Los países democráticos no necesitan recurrir a establecer leyes especiales con la intención de que sus ejércitos vigilen, controlen y repriman a sus propios ciudadanos. A ningún ciudadano o gobernante de esos países se le ocurriría pensar que el enemigo principal para su estabilidad democrática son sus propios ciudadanos. Cuando estos países aplican leyes limitantes a las garantías individuales, como el estado de excepción aplicado en Francia después de los últimos atentados terroristas, lo hacen pensando en un enemigo externo, con posibles infiltraciones en territorio nacional, nunca con la intención de combatir a sus propios ciudadanos, como si se tratara de una guerra civil. Incluso España, el más atrasado democráticamente de los países europeos, no desplegó al ejército de la monarquía cuando sintió amenazada su integridad territorial con los separatistas catalanes.

El ejército, eso está muy claro en los modernos esquemas de los estados democráticos, es para salvaguardar la soberanía nacional, proteger el territorio de ataques externos y, en tiempos de paz, proteger a su población en caso de desastres naturales. Nunca para levantar las armas en contra de sus propios ciudadanos.

Por eso, el motivo de sacar del cajón y proponer una ley innecesaria en un sistema democrático no amenazado por ejércitos extranjeros, en el umbral de unas elecciones presidenciales que parecen decisivas en la modificación de la estructura política de México, tiene más la intención de mostrar al Ejército y la Marina como activos actores de la política mexicana, aliados de uno o varios grupos con fuertes intereses económicos, que como una ley reguladora de las acciones de los militares en la guerra contra el narcotráfico, como pretenden hacer creer.

Militares en Acapulco, Guerrero. Foto: Bernardino Hernández/Cuartoscuro

Desde hace once años en que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el Ejército ha estado en las carreteras, las calles, las poblaciones, las rancherías y los puertos de todo México. Su acción ha sido constante y los presupuestos para la adquisición de armamento de última generación, radares, aviones, tanques, fusiles, equipo de espionaje y toda el equipamiento normal de un ejército, van en aumento, igual que los salarios y prestaciones a los soldados y marinos.

Al mismo tiempo, las garantías individuales de los mexicanos han disminuido en proporción al crecimiento de las funciones del Ejército. Una gran cantidad de habitantes ha visto establecer toques de queda en sus poblaciones, son retenidos en retenes carreteros, bajados de camiones de pasajeros, y su vida civil se ve constantemente interrumpida por operativos del Ejército y de la Marina. Las detenciones ilegales, la tortura y los abusos de las instituciones militares, desde hace once años en México están a la orden del día.

Sin embargo, ninguna actividad de los cárteles de la droga o de la delincuencia organizada ha sido perjudicado en sus intereses. Al contrario, de la misma manera que crece la injerencia del ejército en la vida de los ciudadanos, los beneficios de los cárteles también crecen. Curiosamente, todos los indicadores de crímenes asociados a la delincuencia organizada, incluyendo los homicidios dolosos, están al alza.

Ninguna estadística miente: la acción del Ejército y la Marina no ha contribuido en nada a la disminución de las actividades del crimen organizado. Al contrario.

Militares en Cancún. Foto: Cuartoscuro

Difícilmente una Ley de Seguridad Interior como la propuesta vendría a modificar este principio: a mayor participación de las fuerzas castrenses, mayor crecimiento de las actividades del crimen organizado.

El tratar de aplicar una ley contraria a los mismos fines que se propone, debe tener otra justificación. Oculta para la mayoría de los mexicanos. Por otro lado, los grupos políticos que se aprestan a contender por los distintos cargos de elección popular, especialmente por la Presidencia de la república, parecen no darse cuenta de ello y se preparan sin prestar mucha atención a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos mexicanos.

Los dirigentes de estos grupos políticos tergiversaron la función de los partidos políticos, se adueñaron de ellos y establecieron acuerdos de cúpulas de espaldas a sus votantes. En otras palabras, descubrieron o revivieron la política pactista, una forma de ejercer el poder político y económico entre cúpulas con intereses similares.

La supuesta coincidencia de intereses “por México”, “por cambiar la historia”, no es otra cosa que una forma de llevar la política a estructuras totalitarias del ejercicio del poder. Nada nuevo bajo el sol. Esa fórmula se puso de moda en el antiguo régimen hasta antes de la Revolución Francesa, la cual tuvo que desempolvar al tercer estado, es decir, hacer aparecer al ciudadano, no sólo como un actor más en la danza del poder, sino como el sujeto normativo, el centro mismo del poder político.

Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa y Enrique Peña Nieto, presidente de México. Foto: Especial

Años después, los partidos políticos alejados de sus miembros, los llamados “poderes fácticos”, siempre en el ejercicio del poder detrás de las urnas y la precarización de la cultura política del ciudadano, vuelven a dejar todo en los acuerdos de cúpula.

No hay nada peor para la democracia que los acuerdos cupulares en forma de “pactos”, “acuerdos”, “colaboraciones” a espaldas de los ciudadanos. En el preámbulo de las elecciones del 2018, sucedió algo inédito: ninguno de los candidatos a la Presidencia de la república se sometió a elecciones internas en su partido. El perfil del candidato del PRI encaja perfectamente con los intereses de ese partido o con los de cualquier otro agrupado en el Frente por México. Y viceversa.

En Jalisco, los acuerdos cupulares pulverizaron a los partidos y pactaron dejar el camino libre a una sola opción, en la cual todos encuentran coincidencias, y ésta se muestra abierta para cualquier tipo de acuerdo.

La política pactista no es una política democrática.

La democracia no siempre conduce a la democracia. A veces lleva, dolorosamente, a su contrario.

Licenciado en sociología por la Universidad de Guadalajara. Doctor en historia por la Universidad de París. Autor de libros de historia y ensayos.

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