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Desarrollo social, asignatura pendiente

Al inicio de la gestión del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en marzo del 2013, en su discurso de toma de protesta prometió a los jaliscienses –literal– que “se iniciaba la transformación de nuestro estado”, básicamente con una propuesta centrada en cinco ejes: gobierno sustentable, seguridad integral, economía competitiva y sostenible, desarrollo social incluyente e innovación gubernamental, haciendo énfasis en los temas de seguridad pública, movilidad y desarrollo social.

Definitivamente fue una promesa ambiciosa que se hizo cuando 78 de cada 100 jaliscienses tenían carencia social.

El desarrollo social ha sido uno de los pilares de las Naciones Unidas desde su fundación y está estrechamente vinculado con el desarrollo económico. La ONU ha hecho hincapié en el desarrollo social como parte fundamental para garantizar el mejoramiento de la vida de todas las personas.

El desarrollo social implica una evolución positiva en los entornos vitales de los individuos, buscando incrementar paulatinamente su bienestar social y proyección en el futuro. Es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Se considera que una comunidad tiene calidad de vida cuando sus habitantes, viviendo en un marco de paz, libertad, justicia, democracia, tolerancia, equidad, igualdad y solidaridad, tienen amplias y recurrentes posibilidades de satisfacción de sus necesidades y tienen por ende la capacidad de desplegar sus potencialidades de manera que les garanticen un mejor futuro a nivel personal o colectivo.

La ONU ha hecho hincapié en el desarrollo social como parte fundamental para garantizar el mejoramiento de la vida de todas las personas. Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.

La percepción de bienestar social tiene una carga de subjetividad; no obstante, existen elementos fundamentales e irrenunciables para llegar a él.

La economía, la salud y la educación en el desarrollo son indispensables. Esto significa el acceso a una vivienda digna, a un empleo bien remunerado y promotor de un proyecto profesional, proteger a los ciudadanos de los riesgos de la delincuencia, que tengan la posibilidad de educarse y educar a sus hijos para que puedan gozar de mejores oportunidades y particularmente una atención sanitaria adecuada son factores primordiales que pueden coadyuvar al fin último del bienestar social.

Aunque se reporta un incremento en la oferta de trabajo, se hace necesaria una disección que esclarezca la calidad de los empleos en Jalisco; asimismo, queda rezagado aún el acceso a la salud y sobre todo la tremenda inseguridad de la que pareciera que nos hemos consolado con estar en una resignada posición 2.5 por debajo de la media nacional.

Con respecto a la pobreza, según el informe de 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (coneval), Jalisco y Nuevo León fueron los dos únicos estados en que se redujo la pobreza, pero sería necesario un estudio más profundo para analizar si esas reducciones obedecen más a políticas federales que estatales. Si son resultados de políticas macroeconómicas en dos regiones que inciden favorablemente en la balanza comercial, más que de una búsqueda directa para la disminución local de la marginación.

Ahora, no todo es dinero. La justicia y la libertad no pueden ni deben quedar afuera del desarrollo social. Adicional al hecho de que la población pueda tener sus necesidades básicas satisfechas, cuestiones como la correcta impartición de la justicia y la libertad de expresión son indispensables para que una nación pueda desarrollarse socialmente.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) en su informe del 2016, Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en este rubro, sólo antecedido por el Estado de México y Tamaulipas. Cito textual: “Las entidades federativas con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas al 31 de diciembre de 2016 son las siguientes: Tamaulipas con el 18.9% (5,558) de personas a quienes se les vio por última vez; el 10.7% (3,151) en el Estado de México; el 8.9% (2,634) en Jalisco; el 8.3% (2,444) en Sinaloa; el 8.2% (2,407) en Nuevo León; el 6.5% (1,926) en Chihuahua; y el 5.5% (1,627) en Coahuila”.

La justicia y la libertad no pueden ni deben quedar afuera del desarrollo social. Foto: Fernando García Carranza/Cuartoscuro.

Un gobierno que se respete como auténtico promotor del desarrollo social ha de abocarse a desarrollar políticas públicas para facilitarle a los que menos tienen el logro de sus objetivos o el avance hacia algún tipo de desarrollo. Hay tres elementos que hay que enfrentar en la promoción sostenible del desarrollo social. El primero, los índices de desigualdad radical que padecemos en nuestro país. El segundo, la falta de gobernanza, vista, según investigadores de la UNAM en un triunvirato básico: gobernabilidad y eficacia, gobernabilidad y legitimidad y gobernabilidad y estabilidad. El tercero, la falta de una ciudadanía bien informada y comprometida.

El estado es enorme y tiene muchos aspectos en los cuales trabajar para lograr el bienestar social, sólo esperamos que no lo haga con la entrega de subsidios temporales, que, desde su génesis, confinan al beneficiario a no querer salir de su situación para no perder dicha cuota. Entendemos que muchas veces dichas cuotas son esenciales para su subsistencia, ese sería precisamente el reto: que las personas fueran capaces de generar por sí mismas lo básico para una subsistencia digna y saludable, sin tener que estar dependiendo del Estado.

La labor del Estado es justamente generar las condiciones necesarias para que esas personas puedan insertarse en la sociedad, conseguir un trabajo digno y acceso a la educación, la salud y la cultura. El desarrollo social en el estado sigue siendo, pues, una asignatura pendiente.