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Detectives de sus desaparecidos

El amor por sus seres queridos convierte a familiares de desaparecidos en los mejores detectives. Sin embargo, en sus vidas hay un antes y un después: “Dejas de preocuparte por ti, por tu trabajo y casi por quienes están a tu alrededor. Pasas por muchas etapas”, coinciden varios de ellos.

Con la esperanza como único apoyo, salen a las calles, llanos o montes a realizar el trabajo de las autoridades, que muchas veces se convierten en obstáculos para encontrar a los familiares. Una de las consecuencias de la violencia creciente en México son las más de 33 mil víctimas de desaparición en los últimos 11 años, atribuidas tanto a las fuerzas de seguridad como a las organizaciones delictivas.

Cuatro de esas víctimas pertenecen a la familia de Juan Carlos Trujillo Herrera, oriundo de Michoacán. Hasta 2008 “desconocíamos la dimensión de la inseguridad en el país”, recapitula en entrevista. Pero en ese año dos de sus hermanos desaparecieron en Guerrero, adonde habían viajado por su trabajo de comerciantes. En 2010, luego de ser detenidos en retén militar en Veracruz, les sucedió lo mismo a otros dos de sus hermanos.

“Desconocíamos la dimensión de la inseguridad en el país”, declara Juan Carlos Trujilo quien busca a 4 familiares. Foto: Christian Serna/Cuartoscuro.

Primero acudieron a las autoridades y esperaban resultados de ellas, pero la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 “mandó un claro mensaje: el diálogo con el gobierno no era la ruta”, sostiene Juan Carlos, quien junto a su madre, María Herrera, se vieron orillados a convertirse en activistas.

Las administraciones locales y federales “nos han dejado solos”, reprocha. Por ello, al lado de otras familias que pasan por la misma tragedia, crearon la Red Enlaces Nacionales. “Tomamos como referencia lo que hicieron los papás de los 43, o sea, indagar nosotros”. De ahí surgió la primera brigada nacional de búsqueda, que en abril de 2016 comenzó a rastrear y excavar fosas clandestinas en Veracruz.

Trujillo subraya que ni él ni su familia reciben apoyo gubernamental en su calidad de víctimas. Tampoco tienen protección como defensores de derechos humanos, pues para las autoridades “y su burocracia sólo somos buscadores”.

En su opinión, el gobierno federal abrió una puerta con  la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares, promulgada el 16 de noviembre pasado. Pero la cerró con la Ley de Seguridad Interior, decretada por Enrique Peña Nieto un mes después, el 21 de diciembre. “Para generar paz en el país se crea una ley que provoca más violencia”, ironiza.

La primera brigada nacional de búsqueda, comenzó a rastrear y excavar fosas clandestinas en Veracruz. Foto: Hugo Valdivia Estrada.

“Presunción de vida”

Para Leonel Rivero, abogado defensor de derechos humanos, la nueva ley, por sí misma, es insuficiente, ya que para que tenga efecto se requiere ir más allá de la tipificación del delito de desaparición forzada y “debe acompañarse de una política pública que revierta ese fenómeno”.

Rivero –quien ha sido representante legal de familiares de presuntos guerrilleros desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario–señala que un  pendiente de la ley fue no establecer que las fiscalías deben partir de la “presunción de vida”, y no de la “presunción de muerte”.

Margarita López Pérez esmadre de Yahaira Guadalupe Baena López, desaparecida en 2011 en Oaxaca.

Cuando acudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para pedir ayuda, ya que su hija estaba casada con un militar, la respuesta que recibió fue: “Búsquela con sus propios recursos, seguramente se fue con un narcotraficante o ella se convirtió en narco”.

Marcha de madres e hijos desaparecidos en la capital de Morelos. Foto: Margarito Pérez Retana.

La Sedena no es la única instancia federal de la que refiere desatención. Alguna vez ella y otras madres que buscan a sus hijos acudieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la Ciudad de México. Se hizo tarde, pues los trámites son extensos, y no tenían dónde pasar la noche, así que les ofrecieron el piso frío de esa dependencia, “en lugar de ayudarnos con el boleto del camión o con el hospedaje en un hotel”. Además, algunos de los apoyos económicos sólo se hacen efectivos para compras en tiendas departamentales “que no hay en nuestros pueblos”.

López Pérez agrega que las familias prefieren no denunciar la desaparición de sus seres queridos ante las autoridades locales por miedo a represalias. Por ello acuden a los organismos federales, pero de ahí las regresan a las instancias locales alegando incompetencia para atraer los casos. “En Guerrero ya nos han matado a mamás por la incompetencia e inoperancia de los funcionarios”.

En Cuernavaca, un pequeño grupo llamado Víctimas y Ofendidos de Morelos acude cada mes a la Fiscalía Estatal para preguntar por el avance de sus casos. Algunos buscan a sus familiares, otros, que se haga justicia por feminicidios, otros más reclaman castigos para asesinos y violadores. Entre ellos se encuentra Guillermina Hernández. Su hermano Jesús desapareció en el municipio de Yautepec desde el 25 de marzo de 2014.

Ella y su familia buscaron por tres años a Jesús, quien era policía municipal, y todo ese tiempo el cuerpo de su hermano había estado en el Servicio Médico Forense de Cuautla, pero las autoridades no habían hecho el trabajo de identificación. La corporación policiaca de Yautepec, a la que pertenecía Jesús, difundió rumores para desacreditarlo mientras estaba desaparecido, “lo que dificultó la investigación”; no obstante, se comprobó que las acusaciones eran falsas.

A través de las marchas mujeres demandan la localización de sus familiares. Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.

Hernández considera fundamental tener una base de datos actualizada en todas las fiscalías estatales. Pero advierte: “Que no sean las mismas autoridades que desaparecen a nuestras familias las que lleven estos registros”.

La organización Familiares en Busca de sus Desaparecidos advierte que este año, cuando entrará en vigor la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares, puede haber pocos avances en la materia debido a las elecciones para elegir presidente de la República.

Ante este escenario se preparan para presionar a las autoridades para que cumplan su función. Plantean buscar espacios a fin de incidir en la forma en que se interpreta y ejecuta la ley, cerrar simbólicamente oficinas gubernamentales y llamar a la protesta. De otra manera, para ellos “será un año perdido”.

Hay un gobierno fallido, pero qué hay de la comunidad, cuestiona Trujillo. Las personas se refieren a las familias como “pobrecitas”,pero eso no ayuda. “No quiero que busquen a mis seres queridos, sino que juntos pensemos cómo rescatar al país. A mí me duelen mis hermanos porque crecí con ellos. A la gente no. ¡Pero, chingao, les tienen que doler sus mexicanos!”. Si bien el activista no cree en el gobierno, enfatiza: “Aún tengo fe en la sociedad”.

En Jalisco, una foto del familiar desaparecido es necesaria y brinda un poco de ilusión. Foto: Rafael del Río.

Periodista por decisión y amante del café por convicción. Me gusta escuchar historias, contarlas, ver en ellas un poco de mí.

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