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Exigen ONG’s ley que garantice #MediosLibres

La sociedad civil entregó al Congreso de la Unión un documento encaminado a detener viejas prácticas de premio-castigo a los medios de comunicación, esto a través de la asignación discrecional de “publicidad oficial”, contratada por los gobiernos o dependencias de nivel federal y local.

Un colectivo compuesto por organizaciones no gubernamentales, denominado #MediosLibres, llevó su exigencia al Senado de la República. Entre otras asociaciones, el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, señaló que persiste la opacidad a la hora de contratar espacios en la prensa.

 “La ausencia de transparencia y control del uso de la publicidad oficial la transforma en una posible herramienta de chantaje, que pervierte la relación entre medios y autoridades y socava la libertad de expresión”, indicó la responsable del proyecto de publicidad oficial en Fundar, Justine Dupuy.

Quedan a partir del sábado 80 días, 24 sesiones, para que las cámaras legislen sobre este tema, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera la razón al amparo promovido por Artículo 19 respecto a este incumplimiento.

La directora de la organización, Ana Cristina Ruelas, enfatizó que se agota el tiempo: “Exhortamos al Congreso a cumplir en tiempo y forma con su obligación constitucional de regular la publicidad oficial, señalada en la sentencia, a más tardar el 30 de abril de este año, bajo pena de desacato”.

Pero más allá de la premura, las organizaciones firmantes del texto “Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial” dejaron en claro que hay puntos clave que deberán considerarse en cualquier proyecto de ley.

Por ello, se estableció un decálogo a partir de los planteamientos del sector ciudadano, la academia y el sector privado, además de periodistas y medios de comunicación.

Bases mínimas para la regulación, según #MediosLibres:

  1. La publicidad oficial no debe desaparecer. Debe ser limitada y controlada.
  2. Se requiere una Ley General, completa, que atienda a los tres niveles de gobierno.
  3. Definir criterios de asignación basados en la idoneidad
  4. Máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial.
  5. Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating, ante ausencia de parámetros confiables.
  6. Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada. Deben ser informativos, sin dedicarse a ensalzar la imagen de funcionarios públicos.
  7. La publicidad oficial debe ser siempre identificable para que los ciudadanos sepan con claridad que no es información periodística.
  8. Fomento a la pluralidad y a la diversidad.
  9. Mecanismos de control eficaces para rendir cuentas.
  10. Uso racional de los recursos públicos.

“La ausencia de transparencia y control del uso de la publicidad oficial la transforma en una posible herramienta de chantaje.”  Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro.

Se reconoció la decisión del Congreso de finalmente incluir, en el periodo ordinario de sesiones que inició este primero de febrero, el tema de regulación de la publicidad oficial entre los asuntos prioritarios a dictaminar.

Sin embargo, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, consideró que más allá de cumplir con la fecha establecida por la Suprema Corte, deben cumplirse los más altos estándares internacionales en la materia, a través de un proceso abierto, transparente y que incluya la participación efectiva de la sociedad civil.

De cara a los comicios del próximo 1 de julio, Justine Dupuy, concedió  que“80 días es poco, en un contexto electoral complicado por el tema”. Aun así, estimó necesario sacar adelante esta ley lo más pronto posible.

Se recordó que hubo un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, al arranque de su administración, para regular el gasto en Publicidad Oficial. En cambio, de enero 2013 a noviembre 2017, la Federación ha gastado más de 41 mil millones de pesos en este rubro, y eso son contar que a nivel estatal, solo en 2015, se ejercieron cerca de 12 mil millones de pesos.

El mensaje es claro, a decir de las organizaciones civiles: “Sin medios libres no hay combate a la corrupción. Sin medios libres, se debilita la rendición de cuentas, no se garantiza la equidad de la contienda electoral, se vulneran los derechos humanos y no se escuchan las voces de todas y todos”, estimó Dupuy.

Periodista de a pie. Rockero de corazón, reportero de profesión. Biker de fin de semana y ciudadano en defensa del Derecho a la Información. Estoy a favor de las audiencias y de dar el contexto de los datos.