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La relación dialéctica poder-medios, una asignatura pendiente

Francisco Aceves González – Investigador en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la UdeG

En las semanas recientes, un par de notas informativas pusieron en primer plano de la agenda pública el tema de la relación que priva entre los actores políticos con los medios masivos de comunicación. Aunque aparentemente desconectadas entre ambas e incluso geográficamente lejanas, las publicaciones referidas no solamente abordan un asunto largamente debatido en el ámbito público y la academia, sino que ilustran de manera elocuente las vicisitudes, muchas de ellas problemáticas, que en el caso mexicano, tanto los actores como los medios han tenido que afrontar en el tránsito azaroso hacia la construcción de una todavía muy incipiente democracia.

El tema cobra especial relevancia en el contexto de las campañas políticas del proceso electoral de 2018.

En su edición del 25 de diciembre, The New York Times publicó en su espacio principal una nota sobre el gasto publicitario del gobierno del presidente Peña Nieto, en cuyo encabezado se leía: “Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación”. La nota, firmada por Azam Ahmed y que circuló profusamente por las redes sociales, señalaba que mediante un exorbitante gasto publicitario, cuyo monto se acercaba a los dos mil millones de dólares, el gobierno de Peña Nieto ejercía una importante influencia en la definición de sus políticas editoriales. A contrapelo del interés suscitado en las redes digitales y en diarios internacionales, la reacción de los medios de comunicación nacionales se concretó a descalificar la información del diario norteamericano.

En su edición del 25 de diciembre, el New York Times publicó una nota en la que revelaba que, mediante un exorbitante gasto publicitario, cuyo monto se acercaba a los dos mil millones de dólares, el gobierno de Peña Nieto ejercía una importante influencia en la definición de sus políticas editoriales. Foto: Iván Méndez / Cuartoscuro

Por su misma naturaleza, en la relación gobierno-medios de comunicación existe una permanente tensión que se deriva de su actividad específica.

Los teóricos de la comunicación la explican por el carácter contradictorio de sus discursos, los que a su vez están determinados por las funciones que ejercen en el ámbito de la política y los asuntos públicos. En términos llanos, esta tensión es producto, por una parte, del ejercicio del poder, función inherente a la actividad gubernamental y que se despliega particularmente en la obligación a la observancia de la ley y en la conducción y aplicación de los recursos públicos en los programas de gobierno.

Y por la otra, en la función de vigilancia (watch dog) que los medios de comunicación realizan, de acuerdo con la teoría de la democracia, sobre la manera como se ejerce el poder.

No debería extrañar, por tanto, que en una sociedad que se presume democrática, el desencuentro sea la condición habitual de la relación entre medios y gobierno. Pero demás, un desencuentro sustentado con plena legitimidad. El gobierno, en virtud de un cargo obtenido por la mayoría de votos, y los medios, que reivindican su ejercicio al amparo de los derechos de libertad de expresión y de información.

No obstante su aparente simplicidad, la puesta en práctica de estos postulados teóricos resulta harto complicada y compleja.

Una fundamental, en el caso mexicano, tiene que ver con el carácter autoritario de un Estado que a lo largo de ocho décadas sometió a los medios de comunicación a una casi absoluta subordinación.

Aún cuando han pasado casi dos décadas de la alternancia presidencial, las características de la relación gobierno-medios han permanecido, prácticamente, inalterables. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

A consecuencia del autoritarismo, la relación dialéctica entre gobierno y medios fue sustituida por una relación de tipo clientelar, misma que fue aceptada y asumida por las empresas de comunicación y cuyo alineamiento gubernamental culminó, simbólicamente, con la instauración del día de la Libertad de Prensa como el día que se homenajeaba al presidente en turno.

La proclamación de Azcárraga como “soldado del PRI” y el exabrupto de “no les pago para que me peguen” proferido por López Portillo al retirar la publicidad gubernamental al semanario Proceso de Scherer, son frases que de manera elocuente describen el espíritu de aquella época.

A casi dos décadas de la alternancia presidencial, cuyos resultados no derivaron en la esperada transición democrática sino en una sucesión de gobiernos que han sumido al país en una espiral de violencia, las características de la relación gobierno-medios han permanecido, prácticamente, inalterables.

El talante autoritario continúa lastrando a los actores políticos y las oficinas de comunicación gubernamental.

Salvo excepciones, las empresas mediáticas privilegian su status clientelar en detrimento del periodismo crítico. El ejercicio de una comunicación política que coadyuve al desarrollo de la democracia, sigue siendo en México una asignatura pendiente.

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