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Los damnificados del sismo y su batalla contra el olvido

La calle Galicia luce lúgubre incluso al mediodía. La Ciudad de México todavía muestra sus daños tres meses después del terremoto del 19 de septiembre pasado: edificios sin paredes o con grietas de un extremo a otro son comunes en algunas zonas, como la colonia Álamos, en el centro de la capital.

Don Andrés, único habitante del campamento vecinal de Galicia, vigila sentado sobre el pavimento también con grietas; cuenta que el resto de los damnificados dejó de esperar la ayuda del gobierno y se fue, algunos a refugiarse en casas de familiares, otros a rentar departamentos, mientras sigue la espera del dictamen estructural sobre condiciones de habitabilidad del edificio donde vivían en esa calle de la delegación Benito Juárez, sin duda la de mayor crecimiento inmobiliario descontrolado en dos décadas.

Con 60 años de edad, sin familia, don Andrés no puede darse el lujo de pagar una renta con el dinero de su jubilación, su único ingreso. Él y otros damnificados recibieron como única respuesta del gobierno local después del terremoto, la promulgación de una Ley para la Reconstrucción y Recuperación, que confrontó a la administración de Miguel Ángel Mancera con vecinos de colonias afectadas y organizaciones de apoyo a damnificados, quienes se opusieron a la aprobación de la norma con el argumento de que pasarían de ser dueños de casas a deudores. No obstante sus múltiples protestas, la demanda no llegó a oídos de los legisladores locales, que la aprobaron el pasado 24 de noviembre.

Susana Kanahuati, representante de la organización Suma Urbana, advierte que la estrategia que está implementando el gobierno de Mancera es “una política fuera de la realidad, ya que viola las normas y programas delegacionales en la materia y no toma en cuenta el Atlas de Riesgo para volver a levantar las viviendas”. En resumen, afirma, “es un gran negocio inmobiliario a partir de la desgracia ajena”.

Esta ley, asegura la activista, “parte de la medicina sin conocer la enfermedad”. Lo primero que se tenía que hacer, argumenta, era un censo y el diagnóstico de por qué se cayeron o se dañaron los edificios. “No fue por viejos, más viejas las pirámides y siguen de pie”. Kanahuati relaciona los daños en inmuebles capitalinos por el terremoto de 7.1 grados de magnitud del 19 de septiembre, “a la extracción de agua del subsuelo así como al anclaje de grandes edificios y las construcciones sobre fracturas”.

“Lo importante es evaluar por qué ocurrieron (los daños) y tomar medidas conforme a ello; si no, vamos a seguir cayendo en los mismos errores, y mañana serán otras familias las que tengan este problema”, advierte.

Trabajos de remoción de escombros en el edificio demolido de Sonora 149, en la colonia Condesa. Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro

Acampar en la ciudad

En la esquina donde convergen la calle prolongación Xochicalco y avenida Emiliano Zapata, en la colonia Santa Cruz Atoyac, también en la delegación Benito Juárez, un grupo de damnificados del sismo espera la llegada del invierno en otro de los pocos campamentos que quedan en la ciudad. Tiendas de campaña de diferentes colores contrastan con el gris de los edificios alrededor.

A plena tarde, las mujeres cocinan en parrillas de gas, mientras sus hijos llegan de la escuela; los niños más pequeños juegan sobre el pavimento con pelotas o muñecas que recibieron como donaciones, sus juguetes se perdieron en los edificios abandonados. Las familias han acondicionado banquetas y áreas verdes para simular que recuperaron sus vidas cotidianas, las que tenían antes de los sismos del 7 y del 19 de septiembre pasado, que dejaron por lo menos 369 muertos, 228 de ellos en Ciudad de México, y más de 150 mil viviendas dañadas en las regiones del centro y sur del país, según la información difundida por la Secretaría de Gobernación.

A unos metros del campamento se encuentra el edificio administrativo de la delegación Benito Juárez, gobernada por el PAN desde la década pasada, donde continúa abierto uno de los albergues habilitados para los damnificados del sismo. Los habitantes de los edificios en la calle de Xochicalco dejaron de acudir al refugio por los malos tratos del personal que atiende.

“Parece que ya quieren que nos vayamos, porque ya vienen las vacaciones de diciembre y el gobierno no trabaja en esos días”, dice una damnificada, molesta. “Creo que ya les estorbamos”, agrega otra. “Ésa es la estrategia del gobierno, que la gente nos olvide”, tercia un hombre.

Decenas de familias del multifamiliar de Tlalpan, continuan habitando en albergues temporales en los jardines anexos a la unidad habitacional. Foto: Saúl López/Cuartoscuro

Ayuda a cuentagotas en tiempos electorales

En Morelos, Estado de México y Puebla, también afectados por los terremotos de septiembre, la ayuda de los gobiernos federal y locales llega a cuentagotas, los damnificados siguen denunciando omisiones e inconsistencias, que han derivado en crecientes protestas y exigencias de justicia para las víctimas.

A esto se adiciona la situación que comparten los estados de Oaxaca y Chiapas, devastados por el terremoto de 8.1 grados del 7 de septiembre, cuyas reconstrucciones han tenido traspiés: falta de rigor en los censos, clonación de tarjetas de apoyo y cambios en la clasificación de daños a viviendas, lo que modifica el monto monetario que reciben los damnificados.

Pero para los gobiernos, los damnificados de los terremotos pueden esperar, aunque se espere uno de los inviernos más fríos de las últimas décadas. En vísperas del año electoral 2018, las vacaciones decembrinas y las aspiraciones políticas de funcionarios públicos son prioritarios para éstos, mientras los pendientes del sismo siguen ahí: como actualizar el número de damnificados o las listas de desaparecidos por entidad. O revelar el monto total de los donativos que los gobiernos federal y locales recibieron dentro y fuera del país para la reconstrucción y para mitigar la tragedia de los cientos de miles de damnificados.

Pobladores en la sierra baja Mixe sufrieron serios daños en sus hogares debido a los sismos que ocurrieron en en el centro y sur del país.  Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro

Esperando la reconstrucción

Los damnificados siguen “en la lucha contra el olvido”, se han agrupado, realizan mitines, marchas. Se valen de las redes sociales para difundir sus peticiones, actividades o publicar sus comunicados.

En Oaxaca, la Coordinadora Única de Damnificados de Ixtepec informó que, como resultado de su lucha, el Congreso local ofreció un fondo de 200 millones de pesos provenientes del presupuesto de egresos de la federación para 2018, adicional a los mil 200 millones supuestamente ya aprobados.

No obstante, la Coordinación General de Damnificados de la Ciudad de México denunció, a través de un comunicado, que en el proyecto presupuestal 2018 “sólo se refieren a reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México en al artículo 13, pero no precisan el origen ni el destino de los recursos”.

Ambas organizaciones, una en Oaxaca otra en la capital, coinciden en que la exigencia inmediata es transparentar los recursos destinados a la reconstrucción, ya que existe el riesgo de su dispersión en acciones que no están vinculadas a las labores, consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Periodista por decisión y amante del café por convicción. Me gusta escuchar historias, contarlas, ver en ellas un poco de mí.