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Pequeños delincuentes, ¿qué hacer con ellos?

En el primer semestre de 2017, en México se registraron 20 mil 344 homicidios, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Habría que agregar que más de 13 mil niños han sido recluidos en cárceles para menores de edad por actos criminales, entre los que destacan homicidios, secuestros, robos con uso de violencia o de plano servir a bandas del crimen organizado en calidad de sicarios, halcones, vendedores o distribuidores de droga.

El dato frío de esa estadística indica que 37% de esos 13 mil menores cometieron homicidio, según lo constata el informe Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Existe el deseo de imitar un estilo de vida que los adolescentes han podido observar en su entorno y que incluye: armas, autos, alcohol, drogas, sensación de poder y otros lujos y excesos a los que consideran que sólo pueden acceder uniéndose a esos grupos”, dice la investigación. Además, “tienen el deseo de formar parte de un grupo que les brinde la sensación de pertenencia, de protección, de solidaridad, equivalentes o sustitutas a las de una familia”.

El pasado 12 de marzo, el diario Reforma informó en sus páginas sobre la manera en que bandas de delincuentes “reclutan adolescentes”, y menciona que el crimen organizado está reclutando a adolescentes vulnerables. “Son chicos con una vida desgarradora, con carencias, que han sufrido el abandono de sus padres o que han tenido que trabajar desde pequeños”, según dice la investigadora Elena Azaola en el informe Adolescentes: vulnerabilidad y violencia.

Claro que existen conductas en los adolescentes, y aun en los niños, sumamente crueles y reprobables, y desde más de alguna óptica merecerían una sanción tan o más grave que a un adulto, en igualdad de circunstancias. Sin embargo, habrán de realizarse algunas precisiones, mismas que dejo a continuación a la consideración de los lectores.

Sin duda alguna tendremos que remontarnos a los orígenes de estos adolescentes y menores infractores. Es sabido que por lo menos 95% de los embarazos en el país son no planeados, y de ahí, conservadoramente, 25% son no deseados y, consecuentemente, rechazados desde antes de nacer.

Basta ver la saña, la crueldad, la frialdad que permea en los hechos señalados como delictuosos cometidos por adolescentes infractores, para darnos cuenta que muchos de ellos traen consigo rabia, coraje, frustración, desilusión y depresión, que en algún momento dado explotan. Ese tipo de sensación o sentimiento luego se transforma en una agresión a otra persona o a la sociedad.

Aquí vale la pena detenerse para recapacitar si la solución es incrementar la penalidad a los adolescentes infractores, pretendiendo corregir sus conductas, o si, por el contrario, habrá que proceder a promover políticas públicas.

Cabe mencionar, además, que el motivo jurídico de que sean considerados no imputables los menores de 12 años y “adolescentes infractores o los mayores de 12 años y menores de 18 años”, tiene que ver con cuestiones de carácter científico, y  con el desarrollo de la personalidad del ser humano, misma que se puede observar en su plenitud, a principios de la edad adulta, entre los 20 y 25 años.

Esto está ligado con el desarrollo de la corteza prefrontal en el cerebro humano. Esa parte del cerebro, perteneciente al lóbulo frontal, se encuentra situada en la parte alta, más cercana al rostro. Además, es considerada un área de asociación multimodal o terciaria, puesto que en ella se coordina la información proveniente de otras áreas cerebrales.

Se trata de una zona cerebral de considerable tamaño, con una gran importancia a la hora de explicar el control conductual, la personalidad e incluso las capacidades cognitivas.

Vale la pena detenerse para recapacitar si la solución es incrementar la penalidad a los adolescentes infractores, pretendiendo corregir sus conductas, o si, por el contrario, habrá que proceder a promover políticas públicas. Foto: Freyna Lucero/Cuartoscuro.

Es la neocorteza cerebral que más tiempo tarda en desarrollarse, ya que, de hecho, se considera que no termina su desarrollo hasta principios de la edad adulta; es decir, entre los 20 y 25 años de edad.

Los procesos cognitivos y las funciones ejecutivas no podrían llevarse a cabo sin su participación, de manera que estamos ante una de las áreas más relevantes a la hora de poder adaptar nuestra conducta a las situaciones y realizar operaciones cognitivas complejas.

Esto me permite concluir que más que pensar en incrementar la penalidad a los adolescentes infractores por sus conductas ilícitas, se deberá concientizar a padres, maestros, gobiernos y demás entes que intervienen en la gestación, educación e instrucción de estos jóvenes.

Lo anterior con independencia de la responsabilidad civil que corre a cargo de los progenitores, así como de la adecuación –cuyo estudio se está realizando– para que en un momento dado pudiera surgir incluso una “responsabilidad penal, de acuerdo a la Ley General de Víctimas y demás ordenamientos aplicables, a favor de los afectados por estos adolescentes o menores infractores”.