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Pérdidas por 15 mil millones en laudos laborales

José Adán Romero Meza 

Catedrático del Departamento de Estudios Jurídicos de la UdeG

La cifra es de un verdadero escándalo. Se estima que para inicios de 2018, en Jalisco existe –entre el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, los ayuntamientos y los Organismos Públicos Descentralizados– un pasivo laboral del orden de los 15 mil millones de pesos. Sí, son quince mil millones de pesos, más los que se acumulen este mes.

Para darse una idea de la magnitud que eso significa, esa cantidad puede ser comparada con todo el presupuesto de egresos ejercido por el estado de Colima en 2017, que fue de 15 mil 527 millones de pesos.

¿Y dónde se origina este pasivo laboral estratosférico? Deviene de los miles de juicios laborales (y administrativos) derivados de los ceses, destituciones y despidos injustificados que han realizado indebida e ilegalmente los superiores jerárquicos de los servidores públicos, tanto de base como de confianza, por lo menos en los últimos diez años.

A la llegada de una nueva administración, los que ganan las elecciones acomodan a sus amigos y familia, tienen compromisos de campaña y demás, y por ello desplazan indebida e ilegalmente a muchos empleados, en ocasiones a través de burdos argumentos y en otras con procedimientos administrativos o laborales plagados de errores e inconsistencias, lo que origina las cientos e incluso miles de demandas, mismas que por razón natural resultan con laudos condenatorios que configuran ese pasivo laboral.

Luego, durante el procedimiento de los juicios los abogados, tanto internos como los externos contratados por las dependencias, secretarías, ayuntamientos y organismos públicos, reciben la orden de dilatar los procedimientos para heredarlos a la siguiente administración. De ahí que se incrementa el pasivo día a día.

En mi paso por la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo como director de Relaciones Laborales de 2004 a 2008, se creó un sistema (candado) para inhibir la generación de esos juicios laborales. Mediante ese sistema, nadie cesaba ni destituía si no era autorizado. Evidentemente, ello significó constantes roces, ya que no se concebía que un simple director de área impidiera a un secretario o procurador correr a quien quisiera. A pesar de ello, con esa medida se inhibió 70 por ciento de los juicios laborales, y en ese lapso se ahorraron 200 millones de pesos.

“Los laudos laborales en Jalisco alcanzan los 15 mil millones de pesos, el equivalente al presupuesto de egresos de Colima” Foto: Cuartoscuro.

Luego en el Congreso del Estado de Jalisco hubo una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para tratar acerca de las probables alternativas de solución a conflictos laborales con servidores públicos que existían en Jalisco, y que en su mayoría concluían con laudos que favorecían a los trabajadores, con cuantiosas sumas que afectaban al erario público.

Ahí se destacó que debido a la inadecuada e ineficiente aplicación de las leyes burocráticas de los reglamentos de las condiciones generales de trabajo en los ayuntamientos, o de la inadecuada aplicación de la Ley Federal del Trabajo, así como la negligente defensa que se hace ante los tribunales competentes, como consecuencia se ha generado un exagerado e indebido pago de salarios caídos en perjuicio del erario y de la sociedad.

Desde 2009, y ante el incremento de los juicios, para inhibir su generación se presentó la propuesta de que se reformara y/o adecuara la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco (hoy abrogada), para que “el superior jerárquico que cesara, destituyera o despidiera injustificadamente a un servidor público y por esa causa se dictara laudo condenatorio en contra de la dependencia, secretaría, ayuntamiento u organismo público descentralizado, cubriera de su propio peculio el monto del laudo”.

Por último, ante el surgimiento de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, se insistió en que se incluyera en su texto como “responsabilidad grave” y por lo tanto sancionable, “el cesar, destituir y/o despedir injustificadamente” a los servidores públicos. Sin embargo, ni siquiera como responsabilidad leve fue incluida.

¿De verdad las autoridades desean realizar alguna acción tendiente a resolver la generación de los pasivos laborales? ¿Hasta cuándo los superiores jerárquicos seguirán violentando indebida, ilegal e impunemente los derechos laborales de los servidores públicos, y se seguirá incrementando el pasivo laboral en perjuicio del desarrollo de la entidad, del erario público y de los contribuyentes?

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