d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Seguridad Interior, la ley que atenta contra la dignidad humana

A

pesar del rechazo de la sociedad civil, de las universidades y de una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, UNICEF-México, ONU Mujeres-México, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 15 de diciembre la Ley de Seguridad Interior. De esta manera, los marines y militares podrán hacer, legalmente, las tareas de los policías.

El diálogo que exigió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la sociedad, no tuvo lugar, indicó el Centro de Análisis de Investigación Fundar. “Las mesas que se desarrollaron en el Senado fueron un mecanismo de simulación, y no un debate real sobre el contenido de la ley.

“Frente a una decisión de enorme trascendencia, se impuso la premura de llevar a su término una decisión ya tomada de antemano. Es falso que se hayan escuchado todas las voces y perspectivas”, explicó la organización civil Fundar.

Desde Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra’ ad Al Hussein, aseguró que la legislación carece de garantías adecuadas contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.

Zeid explicó que, durante la visita a México en 2015, las autoridades le informaron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, pero en ese entonces le aseguraron que sustituirían gradualmente a los militares por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, lo que evidentemente no fue cumplido.

Jan Jarad, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, criticó que la nueva ley no contempla profesionalizar a los policías, no aboga por transparencia en los procesos, y que ello tenga como resultado graves afectaciones a la protesta social.

Los expertos de la ONU narraron que la presencia de las fuerzas armadas en la calle ha dejado una sistemática y generalizada serie de abusos, traducida en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.

Bandera mexicana rota en Costa de Bahia de Banderas en Jalisco. Foto: Rafael Del Río

Golpe a los derechos humanos

Además, en un hecho sin precedentes, diversos expertos en derechos humanos de la ONU emitieron -el pasado 14 de diciembre- una declaratoria conjunta para criticar esta ley.

“Nos preocupa que la Ley otorgue a las fuerzas armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles. La Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.

“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”

El proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.

Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles.

Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales, y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

Los mecanismos de las Naciones Unidas han venido recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las fuerzas armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los militares que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, la violencia sexual y otras formas de maltrato.

El documento fue firmado por los expertos de los grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias y sobre la detención arbitraria; así como por el relator especial sobre el derecho a la privacidad, Joe Cannataci; sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard; sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.

Ejercito en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Foto: Rafael Del Río

Continuará la violencia

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indicó que la Ley de Seguridad Interior en los términos que se plantea, contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las fuerzas armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles.

“Genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas, reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.

El senador y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Ángel Benjamín Robles, aseguró que “la Ley potenciará el uso indiscriminado de las fuerzas armadas, debido a que se puede prorrogar su presencia en las entidades, y pone en riesgo al país ante una posible militarización”.

La senadora Layda Sansores San Román alertó en el Senado que “cuando al Ejército se le entregan las calles, estamos alimentando a un monstruo y después no habrá manera de detenerlo, dándole de beber de nuestra propia sangre. A eso se le llama guerra civil. Aprobar una Ley de Seguridad Interior es legitimar un Estado de excepción, es sentar las bases para un proceso de militarización, es dotar de un marco legal a lo ilegal para justificar la actuación de soldados como policías, es darle un marco legal a la dictadura. Se ha comprobado que donde intervienen las fuerzas militares, aumenta la violencia”, indicó.

“¿Por qué insistir en una Ley de Seguridad Interior? Por dos cosas, y aquí lo decía el senador Manuel Bartlett: una es la respuesta inequívoca de un presidente débil, arrodillado, rehén de la delincuencia y de su propia corrupción, y lo que hace es cumplir con compromisos inconfesables que le dictan en inglés fuerzas extranjeras. Cuando Calderón lanzó a las calles al Ejército, se dijo que era una medida temporal, y hoy vuelven a decirlo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Porque todo indica que para este gobierno la temporalidad es sideral, acorde con el mundo de Peña Nieto, quien nunca pisa tierra y parece otar entre los astros y las estrellas. Además, si es temporal ¿por qué manosear la Constitución?”.

Desde el Congreso de la Unión, tres de los principales partidos de oposición anunciaron que promoverán la instauración de una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior.

El hecho ocurre luego de aprobación de esa iniciativa, el pasado 15 de diciembre, y del respaldo ofrecido por senadores y diputados del PRI, PAN, Verde Ecologista y de otros partidos.

El líder de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Nery; la coordinadora de los legisladores de Regeneración Nacional (Morena), Rocío Nahle García; y Clemente Castañeda Hoeflich, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), anunciaron por separado la intención de iniciar acciones legales para promover un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el Senado, esa ley obtuvo 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, de un total de 128 legisladores. En la Cámara Baja la iniciativa recibió el apoyo de 262 diputados, 26 en contra, en tanto que 209 legisladores estuvieron ausentes de esa votación, de una lista de 497 y un total de 500 legisladores.

Ejercito en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Foto: Rafael Del Río

¿Qué sigue?

La bancada del Partido de la Revolución Democrática anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra esta legislación, por considerar que violenta las garantías individuales de los mexicanos. Por su parte, el partido de Movimiento Ciudadano también rechazó la ley porque esconde la intención de militarizar el país. Clemente Castañeda, diputado federal, explicó que MC presentará una acción de inconstitucionalidad.

“La Ley de Seguridad Interior no contribuye en absoluto a traer la paz a nuestro país, genera incentivos perversos para no fortalecer las instituciones civiles de seguridad y esconde la intención de militarizar el país”, declaró.

Mientras tanto, la CNDH ya realiza un estudio para promover también una acción de inconstitucionalidad, debido a que vulnera derechos y libertades básicas de los ciudadanos.

Tengo afinidad por las palabras, a veces las veo volar en mi mente como si fueran palomitas alrededor del foco. Disfruto la prensa escrita, pues ahí es donde las palabras brillan, se sobreponen y cobran sentido.